Sentencia absolutoria a los nueve imputados por realizar un escrache a Carmen R. Maniega

El día 16 de marzo de 2013 dentro de la campaña ILP o Escrache de la PAH para concienciar a los diputados del PP, a fin de que votaran a favor de la ILP por la Dación en Pago, Alquiler Social y Paralización de los Desahucios, se realizó un escrache a la diputada del PP por Asturias Carmen Rodríguez Maniega. Dicho escrache se realizó de forma pacífica, ajustado en todo momento al protocolo que la PAH había elaborado.

El día 25 de marzo Carmen Rodríguez Maniega interpuso demanda contra nueve personas acusándolas de insultos y amenazas. De los nueve imputados, uno ni siquiera estaba presente. En la demanda se solicitaban penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Sin embargo, tras una primera declaración de los imputados el 13 de noviembre de 2013, fue rebajado por la juez a juicio de faltas.

Tras celebrarse el juicio el día 5 de mayo de 2013, se resuelve con una sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, en la que se da como hecho probado lo que los imputados siempre han declarado:
– Que la esperaban en la sede de la Procuraduría.
– Que coreaban consignas.
– Que portaban pancartas.
– Que a la salida se la siguió
– Que se la esperó en las afueras de la cafetería en la que se había introducido.
– Que no se produjo “altercado alguno más allá de la protesta ciudadana que hubiese motivado la intervención policial, a pesar de la presencia de agentes de policía en las inmediaciones del lugar donde se desarrollaron los hechos”

Pese a que ella siempre ha mantenido que la insultamos e increpamos, ni la declaración de la denunciante, las declaraciones escritas de tres testigos y la declaración presencial de otro testigo en el juicio, todos aportados por la denunciante, han demostrado la veracidad de la denuncia.

Por tanto, tal y como reza la sentencia, las declaraciones y las pruebas son insuficientes para condenarnos y así desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

Con esto ha quedado demostrado, una vez más, que las acciones de la PAH son pacíficas, que están respaldadas por la libertad de expresión y que la serie de denuncias realizadas por los miembros del PP respondían a un intento coordinado de criminalizar a un colectivo que lucha por defender el derecho a la vivienda en particular y los derechos humanos en general.

Sí se puede!!!

Sentencia absolutoria para la descarga.

Escrache Silencioso a Miguel Arias Cañete en Luanco

Esta mañana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias ha hecho un escrache silencioso a Miguel Arias Cañete en su acto programado en el Museo Marítimo de Luanco.

Con círculos rojos y verdes hemos mostrado los datos que el PP esconde, los datos hablan por si solos, la realidad habla por sí sola por este motivo ha sido un escrache silencioso.

Los últimos datos confirman el fracaso estrepitoso de la ley 1/2013 del PP, aprobada tras rechazar las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, en mayo de 2013. Según datos de la propia banca, sólo en 2013 los bancos se han apropiado de 50.000 viviendas, un 11% más que en 2012. La emergencia habitacional en España es una de las caras más dramáticas de la crisis: a dia de hoy, el nivel de ejecuciones hipotecarias y desahucios no tiene parangón en Europa. España sigue siendo una anomalía, en la que se ha normalizado la barbarie.

Vídeo del Escrache Silencioso en Luanco

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Comunicado de apoyo al CSOA La Madreña

El que un edificio esté cerrado y acabe en ruinas sea mejor que permitir darle una utilidad como espacio público rico en actividad cultural y social no tiene una explicación racional. Sólo aquellos que piensan que hay que pagar por todo, que hay que controlar todo, que hay que especular con todo pueden defender algo así.

En noviembre de 2011 fue liberado el edificio de la antigua Consejería de Salud del Principado y transformado en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña. Desde entonces miles las personas hemos podido disfrutar de sus actividades culturales, conciertos, conferencias, talleres, etc. que siempre han sido gratuitas.

El mérito de convertir este edificio en un lugar de acogida para las personas y colectivos de Asturias, debemos agradecerlo al esfuerzo de unos pocos que han trabajado y luchado por mantenerlo y conseguir que lo sintamos nuestro. Ni las imputaciones judiciales ha podido con ellos.

Por todo esto y mucho más, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias se solidariza con el CSOA La Madreña y apoyará las acciones que se lleven a cabo para evitar su cierre.

22M

Desde la Plataforma de Afectados por la hipoteca y los Desahucios de Asturias queremos comunicar nuestro apoyo a las marchas del 22M así como nuestra participación en la manifestación que ese día se realizara en Madrid.

Las marchas del 22M son las Marchas de la Dignidad, las marchas de una ciudadanía que ve como, poco a poco, se va quedando sin derechos, sin trabajo, sin vivienda, sin servicios públicos, sin servicios básicos como luz, agua, etc..,

Son unas marchas para exigir que no se pague una deuda ilegitima, para pedir empleo digno con derechos, una renta básica, derecho a vivienda, suministros básicos y servicios públicos para todas las personas.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los Desahucios de Asturias, ante el aumento de desahucios en Asturias un 27% en el último año y dado que las medidas que ha tomado el Gobierno estatal, así como nuestro Gobierno autonómico son insuficientes, damos nuestro total apoyo a estas marchas y queremos mostrar de antemano nuestro rechazo a cualquier acto de violencia que se pueda realizar durante o después de las citadas marchas.

Animamos a todas las personas que así lo deseen a que se unan a ellas o a que participen en la manifestación que se realizara el 22M en Madrid.

En Asturias la salida será el día 1 de Marzo a las 12:00 desde el Parque Vieyu de La Felguera.

 Un cordial saludo y SI SE PUEDE.

Todas con Loli #BBVAcriminal

El viernes 13 de diciembre, la gente de PAH Asturias, dentro de nuestra cotidianeidad, hicimos una visita en Gijón a las oficinas del BBVA sitas en C/Ana María, 1 con el fin de plantear una demanda de mínimos a esta entidad que, como todas, desahucia a la gente sin miramientos.

La intención era permanecer en la oficina hasta que accedieran a nuestras exigencias, o bien al menos a negociarlas. Todo esto de manera pacífica, como nos caracteriza. 

Llegada la hora del cierre, la policía se persona en las oficinas de la entidad, y nos informa de que la misma ha solicitado el desalojo, y al responder que permaneceríamos de forma pacífica en el lugar, 7 compañeras son detenidas y llevadas a comisaría, bajo la acusación y cargos que más tarde conocimos de desobediencia y resistencia a la autoridad:

Las compañeras detenidas, tras varias horas en comisaría, y tras hablar con su abogada, son puestas en libertad, y pasan a disposición judicial, pendientes de declarar la semana próxima en el juzgado.

Desde la PAH Asturias, como desde toda la PAH, queremos dejar claro que NO TENEMOS MIEDO, y que no cederemos en nuestra lucha por el derecho a una vivienda digna ante cualquier tipo de represión que los gobiernos (locales, provinciales, estatal…) se empeñan en utilizar para amedrentarnos.

¡¡SÍ SE PUEDE!!

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Bambuser:
Enlaces de noticias relacionadas:

Liberbanksters

Marcos y Mónica son un matrimonio emprendedor que en 2005 deciden hacer de su casa su forma de ganarse la vida convirtiéndola en alojamiento rural. Así nace en Piloñeta (Nava) el Hotel Fuensanta.

Hasta hace tres años todo iba bien, de hecho, fueron reconocidos con el sello de calidad turistica del Principado de Asturias e incluso eran puestos como ejemplo en el máster de Dirección y Turismo de la Universidad de Oviedo.

Hace unos tres años, con la llegada de esta estafa denominada “crisis”, su actividad comenzó a disminuir. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con Cajastur intentando una negociación para seguir pagando unas cuotas adaptadas a la nueva situación económica. Desde entonces, les han estado dando largas y engañándolos con llamadas telefónicas y solicitudes de documentación, sin concretar nada.

A finales de 2012 ya no podían hacer frente a la cuotas y dejaron de pagar, aún con la esperanza de poder llegar a un acuerdo. Pero lo único que han recibido ha sido la demanda de ejecución hipotecaria por parte de Cajastur.

Ahora, con un solo golpe, les dejan sin trabajo (ni prestaciones de desempleo por ser autonomos), con una deuda de por vida y sin casa, puesto que el alojamiento rural que regentan es también el hogar en que viven ellos y su hijo de 20 meses.

Si la hipoteca fue por menos del 55% de la inversión, si más de la mitad ya lo han pagado en estos 6 años de trabajo y podrían seguir pagando ¿por qué no han querido llegar a un acuerdo? ¿Por qué han preferido que vayan a la quiebra? ¿Qué oscuros intereses hay detrás? ¿Tal vez ya tienen un comprador que especulará y hará negocio con el sufrimiento de una familia?

Cajastur pretende ser la entidad bandera de Asturias, pero deja a familias en la calle y machaca iniciativas emprendedoras que pueden ayudar a la economía de la región.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pedimos:

  • La paralización de la ejecución hipotecaria
  • Que Cajastur nombre a un negociador válido y autorizado
  • Un acuerdo realista con la actual situación económica que les permita continuar con su medio para ganarse la vida y su casa.

Noticias relacionadas con el caso de Marcos, Mónica y Telmo:

Unión de Créditos Inmobiliarios

¿Sabían que existía una entidad llamada UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios)?

IMG-20130904-WA0005Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. (UCI) con domicilio en Madrid (C/de la Retama, nº3), es una financiera perteneciente al Grupo Santander. Realizaron y siguen realizando prácticas que consideramos rayan la USURA y ESTAFA con sus clientes hipotecados. En la PAH nuestra indignación cada vez es mayor por la reiterada actitud de UCI a negarse a poner solución real al ruego desesperado de las familias que, debido a la crisis, han caído en mora y se ven paulatinamente sometidas a un proceso judicial que termina en la subasta de su casa, al denigrante desahucio y finalmente, al pago de una deuda personal inasumible, haciendo evidente que sus clientes se han convertido en esclavos financieros de una trama organizada que partió de la sobretasación de los pisos por los que se hipotecaron con ilusión, y se han convertido en sus tumbas.

¿Y a qué se dedica esta entidad?

1) El Grupo Santander tiene el 50% de acciones de dicha financiera, además de haber sido socio fundador junto con BNP Paribas en el año 1996.

2) El Grupo Santander ha formado parte desde un inicio en todo este proceso, como lo demuestra entre otras cuestiones el hecho de la obligatoriedad de abrir una cuenta en el Banco de Santander al contratar la hipoteca.

3) Es por todos conocido, tanto en el mundillo financiero como entre las inmobiliarias y la opinión pública, que UCI es la “línea de hipotecas basura” del banco Santander. En los años de éxtasis inmobiliario, el Grupo Santander derivaba a esta entidad aquellos préstamos de alto riesgo, bien por la precariedad de los hipotecantes, bien por el escaso valor del bien hipotecado, aplicando unas condiciones en la concesión del préstamo MUY POR ENCIMA DE LAS DE MERCADO (diferenciales superiores a la media, plazos más prolongados, tasaciones claramente infladas, etc.). Tanto es así, que UCI era conocida en estos ambientes como “La Unión de Créditos Imposibles”, aludiendo a que cuando un préstamo, refinanciación o reunificación de préstamos era inviable para la mayoría de las entidades, UCI aprobaba la operación.

4) Tras el silencio del Grupo Santander se esconde la necesidad de tapar y ocultar prácticas bancarias que nada tienen que ver con lo que sus campañas publicitarias y de captación de clientes quieren hacer llegar al gran público.

5) Las oficinas físicas que UCI tenía en gran parte del estado han desaparecido, remitiendo a sus aún clientes con problemas a servicios de atención al cliente que no son operativos y no resuelven los problemas de cada uno de los afectados. Es imposible presentar documentación, hablar con un interlocutor válido y con capacidad de decisión y en la mayoría de los casos, el trato verbal de los empleados hacia los afectados es pésimo y raya en el insulto.

Desde la PAH vemos que no es de recibo ni ético que el banco Santander se haya adherido al “código de buenas prácticas”, y que su “banco subprime”, aquel que concedió las hipotecas más arriesgadas y con peores condiciones, no lo haya hecho, dejando desamparados a sus clientes más castigados por la crisis.

Con esta campaña en todo el Estado desde la PAH exigimos: interlocutores válidos capaces de tomar decisiones como:

  • Daciones en pago con extinción total de deuda. El afectado una vez que entrega la vivienda quedará libre de toda la deuda contraída y será UCI/Credifimo quién se hagan cargo de todos los gastos de plusvalías.
  • Quitas que verdaderamente puedan garantizar la vida del préstamo en casos de reestructuración.
  • Condonaciones totales de la deuda y no solo de una parte de la misma.
  • En los casos en que se solicite alquiler social, éste ha de ser por un período mínimo de 5 años, prorrogable a otros 5 años.

Colabora con nosotros Exigiendo al Banco Santander y su financiera UCI que deje de engañar a sus clientes firmando esta campaña:  https://oiga.me/campaigns/exige-al-banco-santander-y-su-financiera-uci-que-deje-de-enganar-a-sus-clientes

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Caja Rural de Asturias estafa y desahucia a un vecino de Luarca

Mi nombre es Ramón  y tengo 70 años, una hija de 18 cursando estudios, una minusvalía superior al 66% y gran invalidez por tetraparexia derivada de enfermedad común padecida en 1959 (meningitis) precisando silla de ruedas para mis desplazamientos.

El 20 de septiembre de 2007 adquirí por permuta mediante escritura pública autorizada por el notario de Oviedo D. Luis Ignacio Fernández Posada la vivienda sita en Barrio Nuevo, 8 3º C así como una plaza de garaje en el sótano 1º del mismo edificio, todo ello según figura en la citada escritura debería entregárseme libre de cargas. La escritura fue inscrita en el registro de la propiedad de Luarca.

El día 11 de junio de 2010 la promotora, ante la imposibilidad, sin indicar motivo concreto, de entregarme la vivienda y plaza de garaje en la forma contemplada en la escritura de permuta, me entregó un documento por el cual me daba acceso a los mismos.

Posteriormente comprobé que la dificultad para hacerme entrega de los bienes era que tanto vivienda como plaza de garaje estaban hipotecados en la Caja Rural de Asturias.

La promotora dio quiebra y la Caja Rural ejecutó las hipotecas, tomando posesión de los bienes embargados así como emplazado en el juzgado para que presente justificante de derecho a ocupar la vivienda antes del día 9 de mayo de este año.

Tengo a mi nombre los recibos de agua, luz, gas y teléfono (fijo).

Inicié conversaciones con la Caja Rural con el fin de llegar a un acuerdo para resolver amistosa y satisfactoriamente esta situación después de haber perdido el juicio en el que solicitaba la cancelación de la hipoteca y la entrega de los bienes, juicio al que la promotora no se presentó siendo condenada en rebeldía y siendo yo condenado a pagar las costas.

La propuesta de Caja Rural es que me haga cargo de una hipoteca sobre una vivienda que debía ser entregada libre de cargas según la permuta antes citada. Hoy intentaremos iniciar negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo por el cual pueda disfrutar de las propiedades adquiridas sin carga alguna.

Respuesta de la PAH a la Ley 1/2013 del Partido Popular: una ley inútil, ilegal y que vulnera derechos humanos

Entre los muchos despropósitos de la ley, destaca el plazo de sólo un mes para que las personas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para ello la PAH ha elaborado un “kit de emergencia


1. Análisis de la Ley

El pasado 14 de marzo se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona en el caso Aziz. Dicha sentencia vino a ratificar lo que la PAH, el Poder Judicial y muchos otros colectivos venimos denunciando: que el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.
Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento, así como estableciendo un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados, puesto que se han sentenciado vulnerando la ley europea y la tutela judicial efectiva. Se esperaba también que, entre esas medidas urgentes, se adoptaran por fin las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi un millón y medio de firmas y por el 80% de la población según todas las encuestas: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías. Sin embargo, una vez más el Gobierno se plegó a la presión de las entidades financieras: despreció las medidas de mínimos recogidas en la ILP, no ordenó ninguna moratoria de procedimientos y se ha limitado a aprobar la ley 1/2013, una ley dictada por la propia patronal bancaria, que complica aún más la situación de las personas afectadas. Lo hizo en soledad, sin apoyo de ninguna otra fuerza política. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ha criticado la nueva ley por insuficiente (ver Dictamen del 22 de mayo de 2013).

Resumiendo, la ley 1/2013:

1. 1- No respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias
Nos encontramos con una primera y clara diferenciación entre los procedimientos judicialmente acabados y los procedimientos judicialmente vivos o en curso.

  • Con respecto a los procedimientos acabados, con esta nueva regulación no se aborda ninguna opción para todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda, condenándolos de esta forma a la exclusión social. Se legaliza el abuso bancario sobre el consumidor que ya ha sido desalojado.
  • Con respecto a los procedimientos vivos:
    Se fija un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y equipara la publicación en el BOE a la expresión “tener conocimiento”, provocando la consiguienteinseguridad jurídica por notificación mal realizada. En muchos casos este plazo supone absoluta indefensión, pues la mayoría de la población no tiene por costumbre leer el BOE.

Pretende legalizar cláusulas abusivas. Así, fija los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos (ver Audiencia de Girona así como la ley de contratos de consumo 16/2011). En Alemania, por ejemplo, los intereses no pueden superar el 3%, y en otros países europeos se fija en el tipo legal más 1 ó 2 puntos.
Se permite la aplicación de intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración.
Se permite fijar el precio para la subasta en un 75% de su valor de tasación, cuando antes era del 100%. En caso de quedar desierta la subasta, aparentemente el valor de adjudicación sube al 70% (respecto al 60% anterior); sin embargo, si ese porcentaje generara saldo a favor del deudor, la adjudicación seguirá siendo por el 60%. El banco nunca pierde.
Se rompe el principio de ineficacia de los actos declarados nulos.
Se produce una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y queda patente la ausencia de igualdad de “armas” para poder defenderse. En caso de que el juez estime la existencia de cláusulas abusivas, el banco puede interponer recurso. En cambio, si el juez desestima la existencia de las mismas la persona afectada no podrá recurrir.
Se produce incluso discriminación por edad (caso de las familias que pueden acogerse a la moratoria del desahucio sólo en caso de que haya un menor a 3 años), una discriminación que podría considerarse inconstitucional.

1. 2-Se mantienen los desalojos forzosos
Se permiten desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desalojos con criterios arbitrarios, violándose la Convención de derechos del niño (ONU), y el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre otras normas vinculantes, anteriores a la Ley 1/2013 del 14 de mayo.

3-Se mantiene la deuda perpetua
Prevalece la idea de “muerte civil” del deudor hipotecario. A pesar de que formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad (desmintiendo así la imposibilidad técnica de la retroactividad, defendida hasta ahora por el legislador), las condiciones prácticas de dicha retroactividad (poder pagar el 65% de la deuda, más intereses, en 5 años, o el 80% más intereses en 10 años) impiden llevarla a la práctica. Así, representa una condonación irreal de la deuda. Para el 99% de los afectados, en la práctica, supone mantener la deuda para el resto de su vida, produciéndose una vez más una violación de los DDHH, y condenando a la exclusión social a la inmensa mayoría de los afectados.
La Ley tampoco acaba con el abuso fiscal que vienen sufriendo las personas afectadas por ejecuciones o aquellas que, con gran dificultad, logran la dación en pago. En ambos casos (a excepción de los pocos casos que entran en el llamado “decreto de buenas prácticas”) el estado seguirá lucrándose gravando la pérdida de vivienda como si se tratara de una compraventa beneficiosa para la persona afectada.

Resumiendo:

Se deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas.
Una norma hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola DDHH y excluye totalmente a los más vulnerables.
Evidentemente no han querido solucionar el problema con la nueva ley y ni mucho menos con la finalidad que dicen haberla aprobado: no es su intención proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas tácita o expresamente por una gran mayoría de la población a través de la ILP.


2. Respuesta de la PAH

  • Kit de emergencia: consideramos que el plazo de un mes que establece la nueva ley para alegar cláusulas abusivas es ilegal, puesto que es contrario a la legalidad comunitaria de defensa del consumidor frente a cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del TJUE que la interpreta). Sin embargo, aunque esperamos que ese plazo podrá ampliarse en los juzgados, el equipo jurídico de la PAH ha realizado un “kit de emergencia”, con el fin de facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013. El kit se compone de: consejos generales para alegar cláusulas abusivas; modelo de escrito para solicitar justicia gratuita; modelo escrito para plantear las cláusulas abusivas; modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial (en el caso de procedimientos extrajudiciales, acompañado también por una guía específica para las notariales). Ver documentos
  • Llamamiento a los jueces: sin duda en el último año la mayoría de los jueces han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP. Ahora les pedimos que mantengan esa sensibilidad, que no se resignen y, en aplicación de la normativa europea, vayan más allá de la Ley 1/2013. Así, confiamos en que actuarán de oficio en el análisis de las cláusulas abusivas o, en su defecto, no permitirán la indefensión de las personas afectadas (generada por la notificación vía BOE), dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha. Les invitamos también a estudiar la posibilidad de trasladar las contradicciones relacionadas tanto con la indefensión, como con la contradicción con la normativa comunitaria, tanto por la vía de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como por la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • Llamamiento a la población: el estado español vive una vulneración de derechos fundamentales generalizada y una auténtica emergencia habitacional, a pesar de tener viviendas de sobra. Si algo no falta en este país son viviendas, pero al menos tres millones y medio de primeras residencias (según los últimos datos del INE) se encuentran vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras rescatadas con nuestro dinero, o directamente en manos de la gestión pública a través de la SAREB o “banco malo”. El estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos de la población y legisla una y otra vez a favor de los criminales que han hundido la economía entera del país.Frente a una situación tan excepcional, es más necesaria que nunca la movilización ciudadana. No sólo para seguir presionando a los poderes públicos y así forzarles a que actúen de acuerdo al interés general. Sino sobre todo para demostrar que, si hay voluntad política, sí se puede. Se puede tutelar de manera efectiva nuestro derecho a una vivienda digna, forzando a los bancos a negociar daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales. Se puede desobedecer leyes injustas y parar desahucios gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos. Se puede recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos y que incumplen su función social, para entregarlas a quienes las necesitan, a través de la Obra Social de la PAH.

La ILP impulsada por la PAH y otros colectivos está más viva que nunca, porque sus medidas son más necesarias que nunca. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

¡Sí se puede! Y lo estamos demostrando

Kit de emergencia

Consejos para solicitar la justicia gratuita

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